El 29 de abril de 2025, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado suspender todos los plazos procesales en los órganos judiciales de España durante los días 28 y 29 de abril, como consecuencia del apagón eléctrico generalizado que afectó a gran parte del país.
¿Qué implica esta suspensión?
El acuerdo, adoptado por razones de fuerza mayor, tiene un impacto directo en el funcionamiento de los tribunales.
Se resumen sus principales puntos:
1. Suspensión general de plazos
“Se suspenden durante los días 28 y 29 de abril de 2025 los plazos previstos en las leyes procesales en los órganos judiciales de toda España.”
Esta medida no impide, sin embargo, la válida realización de actos procesales urgentes e inaplazables o aquellos relacionados con la tutela de derechos fundamentales.
2. Valoración por cada órgano judicial
Cada juzgado podrá valorar, según las circunstancias, si corresponde suspender vistas señaladas u otros actos procesales para el día afectado.
Asimismo, la inasistencia de abogados, partes o testigos se presume justificada, evitando así posibles consecuencias procesales negativas.
3. Revisión continua de la situación
La Comisión Permanente continuará reuniéndose para evaluar la evolución del contexto y decidir si es necesario prorrogar estas medidas u adoptar otras adicionales en función de los hechos.
4. Acuerdo de urgencia y ratificación posterior
Este acuerdo se ha adoptado con carácter urgente, a tenor del artículo 57 del Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento del CGPJ, y será sometido a ratificación por el Pleno en su próxima sesión.
¿Cómo afecta esta medida a los procedimientos judiciales?
La suspensión de plazos implica que no correrán los términos procesales durante los días señalados, algo relevante en procedimientos civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales.
En Ferrer Cogollos Abogados estamos siempre al tanto de las novedades jurídicas que puedan afectar a nuestros clientes.
Este tipo de medidas excepcionales requieren de una adecuada gestión y seguimiento para que tus derechos estén plenamente garantizados.
